El que fuera concejal de Alternativa Ciudadana 25 de mayo (AC-25M) entre 2003 y 2011 en el Ayuntamiento de Arrecife Andrés Barreto ha asegurado este lunes durante el juicio por la Operación Unión que "Plácida Guerra -exconsejera de Insular de Aguas de Lanzarote- tenía todos los cargos públicos y asesores del mundo para saber asesorar al gerente y a toda Inalsa. Esos que cobraban 3.000 y 6.000 euros". De esta forma, Barreto contestaba a preguntas de la defensa de la propia Plácida Guerra y de Rafael Elorriaga, exgerente de Inalsa, cuyos letrados han tratado en esta tercera jornada del juicio de demostrar que la empresa pública de aguas necesitaba de un asesoramiento laboral, de formación y de cara al Plan de Viabilidad que, en este caso, según al menos cinco de los seis acusados, sí prestó el abogado y exviceconsejero de Justicia del Gobierno de Canarias Francisco José Rodríguez Batllori.
Barreto ha declarado que él no lo vio así ya que era Manuel Meca, asesor del propio Cabildo de Lanzarote, de los Centros Turísticos, de Vías y Obras, además de Inalsa, el que ya asesoraba en los asuntos que se le atribuyen a la supuesta labor de Batllori en Inalsa.
Por las pruebas documentales y testificales aportadas hasta ahora, no parece que se celebraran cursos de formación en Inalsa, al menos tenor de las respuestas que le dio a Barreto el Comité de Empresa en 2008 y 2009, según las cuales Batllori "no apareció nunca por Inalsa, no estuvo en ninguna negociación de convenio colectivo ni organizó ningún tipo de cursos de formación para los trabajadores". De hecho, según Barreto, "eran en realidad los propios trabajadores los que se interesaban por la formación, y no la Dirección de la Empresa", ha alegado Barreto antes de que el abogado de Plácida Guerra le cuestionara si ya la había denunciado con anterioridad en su "batalla personal" contra su defendida, y después de que la abogada de la ex concejal de Recursos Humanos, Luisa Blanco, le recordara a Barreto que éste llegó a felicitarle cuando el Pleno de Arrecife aprobó su Relación de Puestos de Trabajo (RPT).
El exconcejal de Alternativa Ciudadana ha dicho que se interesó en una información aparecida en el diario Crónicas de Lanzarote sobre el supuesto asesoramiento de Batllori a Inalsa. A tenor de las respuestas posteriores de los trabajadores de la empresa pública, hoy aseguró que interpuso un recurso ante Fiscalía tras contrastar que no había constancia en el Comité de Empresa de dicho asesoramiento. "Incluso creo recordar que logramos un acuerdo plenario en Arrecife para que se investigara si esta situación también se estaba dando en el propio Ayuntamiento", ha dicho sobre el cobro de unos 17.000 euros de Batllori a Arrecife.
Por su parte, la defensa ha tratado de desmontar durante la comparecencia de Barreto que no fue legítima la forma en que éste consiguió las minutas de Batllori, facilitadas al exedil de Alternativa por el que fuera miembros del Comité de Empresa Miguel Ángel Figueras. "Según el artículo 2 del Reglamento de Empresa, está prohibido difundir dichas facturas", ha alegado el abogado de Dimas Martín, Manuel Rodríguez.
La defensa de Batllori, por su parte, ha alegado, entre otras cosas, que en Inalsa se impartió un curso de formación por parte de Femepa sobre soldadura.
"La oficina solía estar abierta y la documentación estaba accesible al resto de compañeros del departamento", ha afirmado, por su parte, el responsable del departamento de Administración y Facturación de Inalsa, Juan Manuel González Rodríguez, quien también declaró después como testigo.
Después de que por la mañana varios funcionarios y técnicos del Ayuntamiento de Arrecife coincidieran en que no tenían constancia de la existencia de ningún contrato con Batllori, ni de trabajo alguno realizado por éste para el Consistorio, el actual alcalde, Manuel Fajardo, también testigo este lunes, e ha pronunciado en la misma línea. "Que yo sepa, no hay en en el Ayuntamiento de Arrecife ningún contrato con el nombre de Batllori".
Por su parte, los abogados de los acusados han dejado claro a través de varios testimonios que antes de que Inalsa entrara oficialmente en la actual Ley de Contratación, en abril de 2009, en la empresa eran habituales los servicios sin un contrato reglamentario. "A mí no me hicieron contrato hasta diciembre de 2009", aseguró en este sentido el exasesor jurídico del Consejo de Administración de Inalsa Esteban Cabrera.
Emilia Perdomo contradice a José Miguel Rodríguez
Por su parte, la exconcejal del PIL Emilia Perdomo, quien fuera responsable de Servicios Sociales en la capital, ha desmentido las palabras del pasado jueves del exedil de Hacienda José Miguel Rodríguez, quien afirmó en Sala que "todos los concejales del PIL sabíamos que Batllori estaba cobrando pero no realizaba trabajo alguno para Arrecife". Perdomo ha señalado que al menos ella no recibió asesoramiento por parte de Batllori mientras fue responsable de Servicios Sociales y que, por lo que recuerda, "solo me habló de él Luisa Blanco, que me comentó que le estaba asesorando con la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento, pero nunca se hablaba de él en las reuniones del PIL".
De hecho, Perdomo ha asegurado que ni siquiera asistió al primer encuentro entre Batllori y los ediles del PIL celebrado en la cafetería del Arrecife Gran Hotel, convocada por la consejera del PIL, María José Docal., y que tampoco supo de qué se habló en dicha reunión.
La actual edil del Grupo de los No Adscritos de Arrecife, que ha desmentido también sentirse presionada por el juez o la Fiscalía en su primera declaración judicial, ha reconocido que Dimas Martín tenía conexión con José Miguel Rodríguez, que era el coordinador del grupo de concejales del PIL, pero Emilia Perdomo ha dejado claro que ella al menos no tenía relación alguna con el líder histórico del PIL.
