jueves. 28.03.2024
Los abogados de Batllori y Luisa Blanco dejan fuera el testimonio de García Panasco y Carlos Sáenz, quien no puso reparo a las facturas presentadas por Batllori

Dos de las defensas renuncian a la declaración del tesorero y el interventor de Arrecife

Docal afirma que convocó la reunión para que Batllori y los concejales del PIL se conocieran. Políticos, técnicos y trabajadores de Inalsa y Arrecife declaran que no obra documento alguno que certifique una prueba de la contratación del abogado y exconsejero

Los abogados de dos de los seis acusados en el primer juicio del caso Unión, los procesados Luisa Blanco, exconcejal del PIL en Arrecife, y Francisco Rodríguez Batllori, abogado y exconsejero del Gobierno de Canarias, han renunciado este lunes a la declaración como testigos del interventor y del tesorero del Ayuntamiento de Arrecife, Carlos Sáenz y Antonio Cabrera Panasco, respectivamente.

La decisión se producía tras uno de los recesos registrados en la tercera jornada que vive ya este primer juicio que sigue la Audiencia Provincial de Las Palmas en Arrecife, con una conversación entre ambos abogados, ya que la defensa de Batllori en principio sí había interesado tales comparecencias.

Cabe apuntar que este 20 de octubre acudieron a testificar varios funcionarios del Ayuntamiento de Arrecife que en su declaración corroboraron que el interventor municipal era quien había autorizado los pagos a Batllori, acusado de cobrar unos 40.000 euros del Ayuntamiento dcapitalino y de Inalsa por unos supuestos trabajos que, según la Fiscalía, nunca se realizaron.

Durante el juicio quedó probado que Sáenz no puso reparo alguno a las facturas presentadas por Batllori bajo el concepto de asesoramiento laboral, entre otros, a pesar de que en esta jornada técnicos de Inalsa y de Arrecife, además del ex alcalde Enrique Pérez Parrilla, el actual regidor, Manuel Fajardo, el exedil de Alternativa Ciudadana Andrés Barreto, y la exconcejal del PIL Emilia Perdomo han declarado que no conocían tal necesidad de asesoramiento, y que no obra documento alguno que certifique el vínculo entre las dos instituciones públicas y Batllori.

En la sesión de tarde, que se ha retomado desde las 17:00 horas, llegó otro turno de declaraciones, con los testimonios de la actual consejera del PIL en el Cabildo, María José Docal, y la del que fuera asesor en materia de Recursos Humanos en Inalsa, Roberto Acuña, quien según varios miembros del PIL hacía las veces de jefe de personal.

Docal refrendó las palabras de Emilia Perdomo de esta mañana, quien señaló que no estuvo presente en la primera reunión entre Batllori y los ediles del PIL. Docal aseguró que fue ella misma quien convocó una reunión con Batllori y estos concejales insularistas en Arrecife, a petición de Dimas Martín, el líder histórico del Partido de Independientes de Lanzarote.

Por su parte, Roberto Acuña afirmó que había interesado organizar cursos de formación para los trabajadores de Inalsa con la empresa Femepa, curso de soldadura que sí se celebró según figura en el propio sumario del caso Unión. El exasesor afirmó que Batllori había sido contratado también en Inalsa por un simple acuerdo verbal, y aseveró también que no había pruebas documentales que certificaran los supuestos trabajos por los que se le pagó al acusado.

Dos de las defensas renuncian a la declaración del tesorero y el interventor de Arrecife
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