viernes. 29.03.2024
La jueza Silvia Muñoz interesa también la apertura de juicio oral contra Luis Lleó y Fernando Becerra, a los que reclama en 48 horas, "para asegurar la responsabilidades pecuniarias", una fianza de 1.330.000 euros y 266.000 euros, respectivamente, y evitar el embargo de sus bienes

El Juzgado Número 5 archiva 17 imputaciones solicitadas por el fiscal en la pieza 12 del caso Unión

La Audiencia Provincial retomará a mediados de noviembre en Las Palmas el primer juicio de la Operación Unión que comenzó la semana pasada en Arrecife

Silvia Muñoz Sanchez, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 5 de Arrecife, ha dictado el pasado 21 de octubre un auto, dado a conocer este viernes por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), en el que acuerda el sobreseimiento provisional de las imputaciones contra un total de 17 personas que fueron detenidas e investigadas en la pieza número 12 de la denominada Operación Unión. La jueza sigue así el criterio de la Fiscalía, pues Javier Ródenas, que sustituyó al anterior fiscal Ignacio Stampa, dejó claro el pasado 24 de julio que en todos los casos, el sobreseimiento se adopta por la ausencia de material probatorio que permita sentarlos en el banquillo de los acusados. Por otro lado, la jueza Silvia Muñoz ha interesado en otro auto del 22 de octubre también la apertura de juicio oral contra el abogado Luis Lleó y el empresario Fernando Becerra, a los que reclama en un plazo máximo de 48 horas una fianza de 1.330.000 euros y 266.000 euros, respectivamente, para asegurar la responsabilidades pecuniarias, y evitar el embargo de sus bienes.

La pieza número 12 del caso Unión investiga la presunta exigencia de comisiones ilegales por parte de cargos y ex cargos públicos de distintas administraciones locales de Lanzarote.

Con este auto, la jueza confirma el archivo de las imputaciones de Segundo Rodríguez, ex vicepresidente del Cabildo de Lanzarote con el PSOE; Joel Delgado, concejal del PP en Arrecife; Celso Betancort, ex concejal del PIL en Arrecife; y de Dayrán Muñoz y Alfredo Rodríguez, vinculados también al propio PIL.

El archivo de las actuaciones afecta también a los arquitectos Carlos Morales, Víctor Sánchez y José María Pérez.

Además, se ha dictado el sobreseimiento de las imputaciones de los empresarios Demetrio Rodríguez (Lanzagrava), José Luis Betancort (antiguo propietario de la empresa Torres), Fermín Curbelo (de Curbelanz), Ginés Parrilla, Juan Jesús Acuña, Pedro Rodríguez (Naos Iluminación), Jorge Álvarez (Clusa), Manuel Arbelo (Tinguatón Ferreterías) y María José García, exgerente de la empresa Opciones Creativas.

Juicio oral contra Lleó y Becerra

Por otro lado, la propia jueza Silvia Muñoz ha interesado en otro auto del pasado 22 de octubre también la apertura de juicio oral contra el abogado Luis Lleó y el empresario Fernando Becerra, a los que reclama en un plazo máximo de 48 horas una fianza de 1.330.000 euros y 266.000 euros, respectivamente, para asegurar la responsabilidades pecuniarias, y evitar el embargo de sus bienes.

La Fiscalía solicita una pena de seis años de prisión por un delito continuado de cohecho para Lleó, mientras que reclama la pena de un año y medio de cárcel para Fernando Becerra, quien presuntamente habría mediado entre Lleó y el exconsejero del Cabildo Carlos Espino para tratar de desbloquear el Plan Parcial de Montaña Roja, al sur de Lanzarote, y quien se conformó finalmente con el escrito de acusación de la Fiscalía.

La audiencia preliminar en esta otra pieza de Unión se celebró el pasado 22 de octubre. En dicha jornada comparecieron el Ministerio Fiscal, el acusado Luis Fernando Lleo Khunel, quien ha ejercido su propia defensa, así como el acusado Fernando Becerra Robayna, asistido del Letrado Ubaldo Gonzalez Garrote.

A pesar de que las defensas de los acusados interesaron también en este caso el sobreseimiento de la causa, el fiscal pidió la apertura de juicio oral.

"Procede acordar la apertura del juicio oral contra Luis Fernando Lleó Khünel y contra Fernando Becerra Robayna, ambos como acusados de un delito continuado de cohecho", señala la jueza en su auto.

En su auto, la jueza asume que debe dirimir ahora las acusaciones del Ministerio Fiscal contra ambos imputados. "Tras la paralización judicial de las obras de urbanización de la Parcela Costa Roja -ubicada en el municipio de Yaiza en la isla de Lanzarote-, que tuvo lugar en fecha de 14 de septiembre de 2007, y por las indudables pérdidas millonarias que aquella decisión le provocaba, el imputado Luis Lleó ideó un plan para conseguir por todos los medios desbloquear esta situación y desarrollar urbanísticamente una macrourbanización residencial", relata la jueza en su auto. "Siguiendo siempre las instrucciones y encargos de Luis Lleó, el intermediario en el soborno, Fernando Becerra, concretó otra reunión, esta vez el día 12 de noviembre de 2008", explica en su auto la jueza. "Nuevamente en esta reunión que tuvo lugar en el despacho oficial de Carlos Espino, sito en la Avenida Rambla Medular s/n de Arrecife y siguiendo lo acordado previamente con Luís Lleó, Fernando Becerra le ofrece como garantía del pago del soborno la confección de un pagaré por importe de 100 millones de pesetas (600.000 euros) que Luís Lleó le entregaría a Fernando Becerra y éste se lo daría a Carlos Espino en el plazo de 30 días, una vez que se hubiera conseguido la resolución del consejero de la Presidencia y los actos que con ocasión del ejercicio de su cargo permitiesen la inclusión de los terrenos de Costa Roja dentro del PTOTI, como suelo urbanizable y el desbloqueo del contencioso que el Cabildo tiene interpuesto contra la licencia de Costa Roja".

El juicio por la pieza número 8 sigue en Las Palmas

Por otra parte, la Audiencia Provincial de Las Palmas retomará a mediados de noviembre en Las Palmas de Gran Canaria el primer juicio del caso Unión, en el que se investiga, dentro de la pieza octava del caso Unión, el cobro de unos 40.000 euros por parte del exconsejero del Gobierno canario Francisco Rodríguez Batllori desde el Ayuntamiento de Arrecife e Inalsa, y que ya ha celebrado en Arrecife tres jornadas. En esta pieza están imputados por fraude, malversación de caudales públicos y prevaricación Dimas Martín, líder histórico del PIL, los exconcejales del PIL en Arrecife José Miguel Rodríguez y María Luisa Blanca, además de la exconsejera de Inalsa Plácida Guerra y el exgerente de la empresa pública de aguas Rafael Elorrieta.

El Juzgado Número 5 archiva 17 imputaciones solicitadas por el fiscal en la pieza 12...
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